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jueves, 5 de abril de 2012

Nuevo esquema para pago de prestaciones sociales del sector público

Con divisas pagarán los años de espera. El Gobierno titularizará la deuda del sector público por concepto de prestaciones sociales cuantificadas en $19.000 millones, a través de emisiones de títulos públicos en moneda extranjera que podrán liquidar a los dos años, pero que vencerán en 2036, año en que termina la vigencia de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco. La comisión técnica que analiza el mecanismo señaló que la vía de financiamiento para esta deuda que emitirá el Fondo de Ahorro Nacional y que "muere" en 24 años, proviene de tres vías. La nueva filial Pdvsa Social que se nutre de los dividendos que generen 4% de las acciones que tiene el Estado en las empresas de la Faja; además de los impuestos de extracción y otros tributos que equivalen a 3,33% de los ingresos brutos y de los recursos del Fondo de Ahorro Popular. La proyección que hace el Ejecutivo es que en 24 años al Fondo de Ahorro Nacional ingrese un monto total aproximado de $37.000 millones. Este calculo se hace sobre la base de un precio del barril de petróleo a $100 promedio, explicaron fuentes ligadas al Ministerio de Petróleo y Minería.
Prácticamente se trata de un refinanciamiento de deuda, similar a lo ocurrido en 1990; sólo que en esta oportunidad "Brady" es el Banco Central de Venezuela (BCV), órgano que respaldará estos papeles como fiduciario. La Ley del BCV deberá ser modificada para que se permita a ambos fondos mantener posiciones en divisas mediante un nuevo convenio cambiario. Mientras que la Ley de Administración Financiera del Sector Público, también deberá ser modificada para crear los mecanismos legales para que el Fondo de Ahorro Nacional pueda emitir los Petrorinocos y estos puedan ser registrados en el mercado internacional y canjeados en el Sitme o la Bolsa Pública, tras los dos años de vencimiento. Para expertos del Gobierno será fundamental que esta deuda se estructure de manera adecuada y prudente, y en eso también jugará un papel importante la Bolsa Pública y el Sitme, a fin de que no se abarrote el mercado.
La razón de establecer un período de "inamovilidad de los títulos" por dos años es, según señalan fuentes del Ejecutivo, "brindar protección al ahorro y el posicionamiento de los papeles". Durante este tiempo podrán recibir los intereses que generen estos instrumentos anuales o semestrales, según lo defina la emisión. El beneficiario de estos títulos recibirá los intereses que generen y sólo podrá canjearlos si lo desea, a partir del segundo año en el mercado secundario por "cash" o mantenerlo hasta su vencimiento. Los trabajadores tendrán la opción de cambiar su deuda por una vivienda entregándole un título inmobiliario o de titularizar hipotecas con bonos que las respalden. Este mecanismo de financiamiento funcionará como un ahorro del Estado donde guardará recursos para hacer las emisiones con las que pagará la deuda acumulada; además, servirá para ir reuniendo para la que se generará producto de la restitución de la retroactividad.

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