Primero se comenzó a expropiar tierras y bienes de capital de importancia porque según ellos, se harían más eficientes y se potenciarían la oferta de bienes para beneficio de la población nacional e incluso vendían la idea de promover el incremento de exportaciones no petroleras porque Venezuela se convertiría en "potencia mundial" en el mediano plazo. Luego se implantó un control de cambio asfixiante de la producción de bienes en el país, con el objetivo también de crear dependencia del Estado en la asignación de divisas a las empresas. Por último, se fijaron controles de precios, inamovilidad laboral y se fijaron sin consultas ni acuerdos salarios mínimos, que terminaron por acabar con el empresariado venezolano.
El engaño premeditado ha potenciado la importación de bienes con desastrosos resultados reflejados en escasez de divisas y productos, incremento exponencial de deuda, entre otros. Ante el escenario presentado el gobierno que ha venido propulsando estas medidas pretende lavarse las manos y acusar a los empresarios e inversionistas del problema y no asume su responsabilidad de las medidas erradas tomadas. Es inaudito que se quiera perjudicar al productor de bienes y a los comerciantes con regulaciones absurdas pero al buhonero revendedor no se le castiga ni toca. Por ejemplo es común ver como personas hacen colas para comprar productos regulados, como por ejemplo la leche que se vende en poco más de 30 BsF pero afuera de los locales los revendedores la tranzan en 200 BsF o más ante la vista gorda de las autoridades. El pueblo está llegando a su límite y de seguro tomará medidas cuando correspondan nuevas elecciones de cargos públicos. El cambio político es inminente.
