Postura sobre la nueva ley de carros

Las medidas y disposiciones que contiene la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 13 de este mes, "agrava y profundiza la crisis del sector automotriz", puesto que "tratar de reducir los precios, disminuirá la oferta de automóviles nuevos", afirma el economista Julio César Peraza, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). De igual manera, "la compraventa de vehículos usados a precios irracionales reducirá la oferta e incentivará las operaciones 'por debajo de la mesa', dado que el precio que cada vendedor desea será siempre mayor al determinado por la fórmula técnica que contiene la ley", agrega. "Como todo control que crea diferenciales muy grandes, incentivará conductas no deseadas por el Gobierno y la sociedad", advierte Peraza.

Por otra parte, el ahora establecimiento en la ley de listas de espera, "que no son más que colas escritas", significará que "necesariamente el número de interesados tenderá al infinito, mientras que la espera por un vehículo se prolongará por varios años". Peraza explica que al hacer la crítica de la referida ley, que aún no ha recibido el ejecútese del Presidente de la República, se siente "obligado a proponer soluciones". Sin embargo, "en este caso estamos en presencia de un problema insoluble, a menos que se resuelva, de alguna manera, el problema cambiario y, por otro lado, que se adopte un sistema de intervención racional del Estado en la economía". No obstante, afirma que en realidad y sin duda alguna el gobierno tenía que hacer algo frente al problema, pues "actualmente en Venezuela se da la paradoja de que un vehículo usado tiene un precio de venta mayor al de un carro nuevo". "No dudo de la noble intención del gobierno, al tratar de controlar los precios para lograr el beneficio de las mayorías; empero, dudo de la efectividad de esta nueva ley para lograrlo". Sostiene que se trata de "una ley represora y prohibitiva que aplicará sanciones que van de 10.000 hasta 50.000 unidades tributarias (UT)". Sugiere que todas las personas interesadas analicen la fórmula, incluida en la ley, que deberán aplicar para determinar el precio máximo de venta de los vehículos usados.

Considera que "la medida más dañina" que se adoptó en el gobierno del expresidente Chávez desde febrero de 2003, y que se mantiene en la actualidad, es el control de cambio. "Dicho control dificulta el ensamblaje de vehículos automotores nuevos, la producción e importación de autopartes y el mantenimiento de los carros", dice. Peraza opina que la solución del problema que representan los elevados precios de los vehículos nuevos y usados, "pasa por la eliminación del control de cambio y por el incremento de la producción de carros en el país, lo que requiere estimular el desarrollo de esa industria". Además, resulta imprescindible aplicar políticas que definitivamente frenen el proceso inflacionario. Recuerda que el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libre competencia, y afirma: "La libre competencia en el mercado permite la libre formación de los precios y es el mejor escenario para asignar los recursos productivos y optimizar el bienestar y eficiencia de consumidores y empresarios, sin escasez de oferta y sin tensiones sociales". En cambio la intervención "es toda acción o acto de gobierno que sustituye la libre formación de los precios de bienes y servicios propia de los mercados competitivos, previstos en la Constitución venezolana". Sin embargo, Peraza explica que el Estado posee facultades "para planificar, racionalizar y regular la economía cuando se esté en presencia de fallas de mercado, de justicia social o de eficiencia originadas en erradas medidas tomadas por el propio Estado, como la anarquía que pulula en la oferta y demanda de vehículos automotores, caracterizada por una oferta insuficiente, precios máximos de venta al público irracionales en una economía desequilibrada con una inflación que tiende a superar 45% este año".

Nueva ley de carros espera por su publicación en Gaceta Oficial

La  ley que regula la Compra y Venta de Vehículos nuevos y usados, nacionales e importados, no será promulgada por Secretaría; el presidente Nicolás Maduro tiene previsto poner el ejecútese de la norma en un acto donde según indicó el vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) Darío Vivas, el jefe de estado "explicará al pueblo de qué se trata la ley". La ley ya tiene dos semanas de haber sido sancionada por la plenaria del Parlamento, y solo espera salir en la Gaceta Oficial para entrar en vigencia y regir la comercialización del sector automotor. Algunos interesados apuestan a que no sea promulgada. Sin embargo, mientras llega el acto oficial, la AN adelantó una reunión ayer con los entes gubernamentales que serán parte de esta fiscalización para sellar el compromiso. De este encuentro participaron los representantes del Indepabis, Sundecop, BCV, Cadivi, y el Cicpc.

El presidente del Indepabis, Eduardo Samán, presente también en la AN, aseguró que el ente se compromete con el pueblo a ejercer las acciones que les competen. Las sanciones dispuestas en la Ley del Indepabis serán las que apliquen a quienes infrinjan el instrumento, así como las multas dispuestas en el texto legal. Samán dijo que aunque existe un marco jurídico amplio, esta ley tiene la importancia de ser "especifica" para este sector y esto facilitará la fiscalización y las sanciones. "Hay quienes te dicen que ley está violando, y puede que estén violando hasta la Constitución, pero no ven el delito específico, por lo tanto está ley ayudará a tipificarlo, y aún más se logrará con el reglamento que debe hacer el Ejecutivo". Samán detalló que en estos casos está implícito hasta un tema ético, porque las ensambladoras y concesionarios recibieron todos divisas oficiales, pero sin embargo, hubo especulación. "Solo hay tres formas de traer vehículos al país. La primera es a través de certificados de no producción o de producción insuficiente que se otorgan a las ensambladoras para que traigan el material de ensamblaje; la segunda es con permisos de importación dados a los concesionarios para traer el vehículo ya listo; y la tercera es cuerpos diplomáticos que traen con recursos propios".

El representante de Cadivi, Gerardo Escobar, gerente de operaciones, señaló durante la reunión de trabajo, que el ente que asigna las divisas al único sector que le asignó un presupuesto definido fue al automotriz, que siempre ha estado entre 10 % y 20% del total asignado. Escobar señaló que es cierto que después de 2008 con la crisis financiera tuvieron que restringir un poco, pues era más importante el sector salud, alimentos, todo lo que fueran de primera necesidad. Pero que el sector automotor nunca dejó de recibir las divisas. Dijo que cuando se les pidió explicaran los costos, el sector alegaba los de nacionalización y de demoras en aduanas, pero ponían unos interese muy altos, y luego en los balances no había información. "Un vehículo importado no ensamblado costaba $30.000". Por lo que consideró importante que se discutan todas las variables para conocer las verdaderas causas y se analice la red de distribución, pues asegura que las ensambladoras si acaso tiene dos o tres concesionarios directos, "el resto son concesiones y es importante hacer cumplir a este sector que está recibiendo divisas oficiales, todas son dadas a través de Cadivi". Fuente: EMEN.

Empresa china puede contribuir a la seguridad nacional

La empresa estatal china Ceiec pondrá en marcha, a mediados de septiembre en el municipio Sucre, un Sistema Integrado de Monitoreo con cámaras y asistencia denominado Sima, que contará con la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en todo el país, informó el presidente de la empresa Qu Huimin, durante la presentación del proyecto al ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y los directores de los cuerpos policiales del país. "Somos una empresa 100% estatal que viene operando desde hace muchos años en este país, en el marco de los acuerdos de cooperación entre Venezuela y China, es una empresa dedicada a la seguridad", precisó Huimin en una nota de prensa. Agregó que la empresa desea participar y ofrecer sus servicios para contribuir con la defensa y seguridad del país.

Mediante este servicio, China ofrece una solución completa para la seguridad ciudadana en varios niveles: nacional, municipal y hasta para las comunidades. "Ya estamos trabajando en este sistema sin ningún problema en el municipio Sucre. Estamos construyendo a partir de este momento un sistema pequeño, no como una prueba, sino como un modelo piloto y una muestra que entregaremos a mediados de septiembre a la comunidad de Petare", explicó Huimin.

Indicó que el desarrollo del proyecto consta de tres objetivos: el primero de ellos es generar una situación de seguridad en este país. "En este sentido, utilizaremos este sistema para prevenir y generar alarma de algunos incidentes de seguridad" precisó. El segundo objetivo es la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en todo el territorio nacional, así como otros tipos de sensores, que permitirán la colección de toda la información en tiempo real, lo que ofrecerá las herramientas para la elaboración de análisis e investigaciones, que serán procesadas y que contribuyan a la toma de decisiones. El tercer objetivo es establecer los estándares de procesamiento de todos los incidentes para tratar de reducir el tiempo de reacción, para que los cuerpos de seguridad puedan atender cualquier tipo de incidentes en cualquier sitio que ocurra. Huimin indicó que el monitoreo ofrecerá información rápida para contribuir con el descongestionamiento vehicular de las principales ciudades del país. Fuente: AVN.