Postura sobre la nueva ley de carros

Las medidas y disposiciones que contiene la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 13 de este mes, "agrava y profundiza la crisis del sector automotriz", puesto que "tratar de reducir los precios, disminuirá la oferta de automóviles nuevos", afirma el economista Julio César Peraza, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). De igual manera, "la compraventa de vehículos usados a precios irracionales reducirá la oferta e incentivará las operaciones 'por debajo de la mesa', dado que el precio que cada vendedor desea será siempre mayor al determinado por la fórmula técnica que contiene la ley", agrega. "Como todo control que crea diferenciales muy grandes, incentivará conductas no deseadas por el Gobierno y la sociedad", advierte Peraza.

Por otra parte, el ahora establecimiento en la ley de listas de espera, "que no son más que colas escritas", significará que "necesariamente el número de interesados tenderá al infinito, mientras que la espera por un vehículo se prolongará por varios años". Peraza explica que al hacer la crítica de la referida ley, que aún no ha recibido el ejecútese del Presidente de la República, se siente "obligado a proponer soluciones". Sin embargo, "en este caso estamos en presencia de un problema insoluble, a menos que se resuelva, de alguna manera, el problema cambiario y, por otro lado, que se adopte un sistema de intervención racional del Estado en la economía". No obstante, afirma que en realidad y sin duda alguna el gobierno tenía que hacer algo frente al problema, pues "actualmente en Venezuela se da la paradoja de que un vehículo usado tiene un precio de venta mayor al de un carro nuevo". "No dudo de la noble intención del gobierno, al tratar de controlar los precios para lograr el beneficio de las mayorías; empero, dudo de la efectividad de esta nueva ley para lograrlo". Sostiene que se trata de "una ley represora y prohibitiva que aplicará sanciones que van de 10.000 hasta 50.000 unidades tributarias (UT)". Sugiere que todas las personas interesadas analicen la fórmula, incluida en la ley, que deberán aplicar para determinar el precio máximo de venta de los vehículos usados.

Considera que "la medida más dañina" que se adoptó en el gobierno del expresidente Chávez desde febrero de 2003, y que se mantiene en la actualidad, es el control de cambio. "Dicho control dificulta el ensamblaje de vehículos automotores nuevos, la producción e importación de autopartes y el mantenimiento de los carros", dice. Peraza opina que la solución del problema que representan los elevados precios de los vehículos nuevos y usados, "pasa por la eliminación del control de cambio y por el incremento de la producción de carros en el país, lo que requiere estimular el desarrollo de esa industria". Además, resulta imprescindible aplicar políticas que definitivamente frenen el proceso inflacionario. Recuerda que el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libre competencia, y afirma: "La libre competencia en el mercado permite la libre formación de los precios y es el mejor escenario para asignar los recursos productivos y optimizar el bienestar y eficiencia de consumidores y empresarios, sin escasez de oferta y sin tensiones sociales". En cambio la intervención "es toda acción o acto de gobierno que sustituye la libre formación de los precios de bienes y servicios propia de los mercados competitivos, previstos en la Constitución venezolana". Sin embargo, Peraza explica que el Estado posee facultades "para planificar, racionalizar y regular la economía cuando se esté en presencia de fallas de mercado, de justicia social o de eficiencia originadas en erradas medidas tomadas por el propio Estado, como la anarquía que pulula en la oferta y demanda de vehículos automotores, caracterizada por una oferta insuficiente, precios máximos de venta al público irracionales en una economía desequilibrada con una inflación que tiende a superar 45% este año".

Comienza la entrega de primeros vehículos promovidos por el estado

El ministro Industrias, Ricardo Menéndez, informó que esta semana se entregarán los primeros vehículos que fueron solicitados a través del portal web del programa Venezuela Productiva Automotriz. "Esta iniciativa, que permitió configurar una plataforma para la comercialización de los vehículos, entregará los primeros automóviles de pasajeros la semana que viene, en el estricto orden en el que las personas se inscribieron", indicó Menéndez durante una inspección a la empresa Autopartes Lara, ubicada en Yaritagua, estado Yaracuy.

Agregó que hasta la fecha hay más de 350.000 personas registradas en la página y de éstas, 140.000 han suministrado los papeles para asociarlos al sistema de la banca pública para la obtención del correspondiente crédito. Cabe destacar que la cantidad de inscritos en el programa informado por Menéndez es apenas inferior a la cantidad de autos vendidos en Venezuela entre 2010 y 2012, período en el cual se comercializaron poco más de 376.000 unidades. La cifra de inscritos que lograron entregar los documentos exigidos, rebasa la cantidad de autos comercializados en 2012, cuando se vendieron 130.550 autos entre nacionales e importados.

Los números presentados por el ministro resultan contradictorios cuando se toma en cuenta la capacidad productiva de las dos marcas que participan del programa estatal, Venirauto y Corporación ZGT. La primera, aunque tiene una capacidad instalada para 26.000 unidades anuales, produjo solo 4.166 autos en su mejor año. La segunda ensambladora tiene una capacidad de manufacturar 18.800 unidades al año, hito que espera alcanzar este año. De igual manera, es oportuno reseñar que la mayoría de los modelos ensamblados por estas productoras no incorporan partes y piezas nacionales, situación que a decir de los autopartistas locales ha dificultado el arranque de ese sector.

Carros oficiales no cubren la demanda

Muchas personas tienen la esperanza de hacer realidad su sueño de tener un carro nuevo y con facilidades de pago, pues comenzó a operar la plataforma tecnológica del sistema Venezuela Productiva Automotriz, implementado por el Ministerio de Industrias, con el fin de adjudicar a la población los carros ensamblados por el gobierno de una manera transparente y sin facturas proformas.

¿Qué hace tan llamativo este proceso de compra de vehículos? En primer lugar, está la ilusión de no tener que esperar meses y hasta años para llegar al turno en las largas listas que se abrían en los concesionarios de venta de estos vehículos ensamblados por dos empresas mixtas del Estado: Venirauto y ZGT Chery. Pero la verdadera razón es el precio solidario que tiene cada modelo que se oferta a través del sistema. El Centauro, fabricado por Venirauto, es de Bs. 167.009; en los portales web de ventas de vehículos, el mismo modelo se cotiza entre Bs. 200.000 y Bs. 270.000. El Orinoco, ensamblado por Chery, se oferta en Bs. 196.310 a través del portal gubernamental, mientras que en avisos de portales privados está entre Bs. 300.000 y Bs. 360.000. Aún cuando estos precios lucen llamativos, cabe destacar que en cuestión de dos años los precios de estos vehículos de la red gubernamental han aumentado en forma considerable. Por ejemplo, en 2011, la empresa Venirauto vendía el Centauro en Bs. 125.000; esto refleja un incremento de 33% en dos años, en comparación con el precio que tiene a través de Venezuela Productiva Automotriz. Mientras que el Orinoco, ensamblado por Chery, tenía un precio de venta de Bs. 119.000 hace dos años, cuando comenzó a operar la empresa, lo que significa que su precio aumentó casi 65% en ese lapso.

Luego de cinco años de números en rojo, y muy a pesar de la ampliación de la capacidad instalada de la industria ensambladora con la instalación de dos plantas de capital público, lo cierto es que la oferta actual no logra satisfacer la demanda de miles de compradores; un fallo que las marcas promovidas por el Estado están muy lejos de subsanar. Como puntales de un proyecto para crear un polo automotriz público, Venirauro y la Corporación ZGT Chery tienen una capacidad conjunta para ensamblar cerca de 44.800 unidades anuales a plena producción: 26.000 de la fabricante de carros iraníes y 18.800 de la ensambladora de la marca china. No obstante, la realidad operativa no guarda mucha relación con estos números, ya que ambas industrias trabajan apenas a un tercio de su capacidad. Pese a los problemas de Venirauto, el gobierno decidió iniciar un segundo frente de ensamblaje, esta vez de la mano de un viejo socio privado, responsable del desarrollo de los vehículos militares Tiuna. De esa sociedad nace Corporación ZGT, empresa mixta donde el Estado tiene 51% del capital y el socio privado 49% restante; en cuya presencia parece estar el secreto de los resultados más promisorios. De hecho, si bien ZGT no alcanzó el año pasado la meta de ensamblar 18.000 unidades, al escudriñar las declaraciones del ministro Ricardo Menéndez se tiene que en su segundo período de operaciones produjo unos 11.000 carros (61% de su capacidad). El panorama de la producción estatal de vehículos es más que claro: aun a plena marcha, la capacidad instalada de Chery y Venirauto no es suficiente para atender la demanda de los potenciales compradores inscritos y por inscribirse en el nuevo programa estatal, una versión remozada de un plan lanzado en el año 2009 por la empresa Suvinca que nunca dio resultados. En efecto, el ensamblaje conjunto de ambas marcas en 2012 rondó las 14.600 unidades, lo que significa que en el primer día de inscripción en Venezuela Productiva Automotriz se llenó el cupo correspondiente a todo un año de producción de los cuatro modelos ofrecidos. Fuente: EMEN.