Las medidas y disposiciones que contiene la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 13 de este mes, "agrava y profundiza la crisis del sector automotriz", puesto que "tratar de reducir los precios, disminuirá la oferta de automóviles nuevos", afirma el economista Julio César Peraza, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). De igual manera, "la compraventa de vehículos usados a precios irracionales reducirá la oferta e incentivará las operaciones 'por debajo de la mesa', dado que el precio que cada vendedor desea será siempre mayor al determinado por la fórmula técnica que contiene la ley", agrega. "Como todo control que crea diferenciales muy grandes, incentivará conductas no deseadas por el Gobierno y la sociedad", advierte Peraza.
Por otra parte, el ahora establecimiento en la ley de listas de espera, "que no son más que colas escritas", significará que "necesariamente el número de interesados tenderá al infinito, mientras que la espera por un vehículo se prolongará por varios años". Peraza explica que al hacer la crítica de la referida ley, que aún no ha recibido el ejecútese del Presidente de la República, se siente "obligado a proponer soluciones". Sin embargo, "en este caso estamos en presencia de un problema insoluble, a menos que se resuelva, de alguna manera, el problema cambiario y, por otro lado, que se adopte un sistema de intervención racional del Estado en la economía". No obstante, afirma que en realidad y sin duda alguna el gobierno tenía que hacer algo frente al problema, pues "actualmente en Venezuela se da la paradoja de que un vehículo usado tiene un precio de venta mayor al de un carro nuevo". "No dudo de la noble intención del gobierno, al tratar de controlar los precios para lograr el beneficio de las mayorías; empero, dudo de la efectividad de esta nueva ley para lograrlo". Sostiene que se trata de "una ley represora y prohibitiva que aplicará sanciones que van de 10.000 hasta 50.000 unidades tributarias (UT)". Sugiere que todas las personas interesadas analicen la fórmula, incluida en la ley, que deberán aplicar para determinar el precio máximo de venta de los vehículos usados.
Considera que "la medida más dañina" que se adoptó en el gobierno del expresidente Chávez desde febrero de 2003, y que se mantiene en la actualidad, es el control de cambio. "Dicho control dificulta el ensamblaje de vehículos automotores nuevos, la producción e importación de autopartes y el mantenimiento de los carros", dice. Peraza opina que la solución del problema que representan los elevados precios de los vehículos nuevos y usados, "pasa por la eliminación del control de cambio y por el incremento de la producción de carros en el país, lo que requiere estimular el desarrollo de esa industria". Además, resulta imprescindible aplicar políticas que definitivamente frenen el proceso inflacionario. Recuerda que el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libre competencia, y afirma: "La libre competencia en el mercado permite la libre formación de los precios y es el mejor escenario para asignar los recursos productivos y optimizar el bienestar y eficiencia de consumidores y empresarios, sin escasez de oferta y sin tensiones sociales". En cambio la intervención "es toda acción o acto de gobierno que sustituye la libre formación de los precios de bienes y servicios propia de los mercados competitivos, previstos en la Constitución venezolana". Sin embargo, Peraza explica que el Estado posee facultades "para planificar, racionalizar y regular la economía cuando se esté en presencia de fallas de mercado, de justicia social o de eficiencia originadas en erradas medidas tomadas por el propio Estado, como la anarquía que pulula en la oferta y demanda de vehículos automotores, caracterizada por una oferta insuficiente, precios máximos de venta al público irracionales en una economía desequilibrada con una inflación que tiende a superar 45% este año".
Por otra parte, el ahora establecimiento en la ley de listas de espera, "que no son más que colas escritas", significará que "necesariamente el número de interesados tenderá al infinito, mientras que la espera por un vehículo se prolongará por varios años". Peraza explica que al hacer la crítica de la referida ley, que aún no ha recibido el ejecútese del Presidente de la República, se siente "obligado a proponer soluciones". Sin embargo, "en este caso estamos en presencia de un problema insoluble, a menos que se resuelva, de alguna manera, el problema cambiario y, por otro lado, que se adopte un sistema de intervención racional del Estado en la economía". No obstante, afirma que en realidad y sin duda alguna el gobierno tenía que hacer algo frente al problema, pues "actualmente en Venezuela se da la paradoja de que un vehículo usado tiene un precio de venta mayor al de un carro nuevo". "No dudo de la noble intención del gobierno, al tratar de controlar los precios para lograr el beneficio de las mayorías; empero, dudo de la efectividad de esta nueva ley para lograrlo". Sostiene que se trata de "una ley represora y prohibitiva que aplicará sanciones que van de 10.000 hasta 50.000 unidades tributarias (UT)". Sugiere que todas las personas interesadas analicen la fórmula, incluida en la ley, que deberán aplicar para determinar el precio máximo de venta de los vehículos usados.
Considera que "la medida más dañina" que se adoptó en el gobierno del expresidente Chávez desde febrero de 2003, y que se mantiene en la actualidad, es el control de cambio. "Dicho control dificulta el ensamblaje de vehículos automotores nuevos, la producción e importación de autopartes y el mantenimiento de los carros", dice. Peraza opina que la solución del problema que representan los elevados precios de los vehículos nuevos y usados, "pasa por la eliminación del control de cambio y por el incremento de la producción de carros en el país, lo que requiere estimular el desarrollo de esa industria". Además, resulta imprescindible aplicar políticas que definitivamente frenen el proceso inflacionario. Recuerda que el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la libre competencia, y afirma: "La libre competencia en el mercado permite la libre formación de los precios y es el mejor escenario para asignar los recursos productivos y optimizar el bienestar y eficiencia de consumidores y empresarios, sin escasez de oferta y sin tensiones sociales". En cambio la intervención "es toda acción o acto de gobierno que sustituye la libre formación de los precios de bienes y servicios propia de los mercados competitivos, previstos en la Constitución venezolana". Sin embargo, Peraza explica que el Estado posee facultades "para planificar, racionalizar y regular la economía cuando se esté en presencia de fallas de mercado, de justicia social o de eficiencia originadas en erradas medidas tomadas por el propio Estado, como la anarquía que pulula en la oferta y demanda de vehículos automotores, caracterizada por una oferta insuficiente, precios máximos de venta al público irracionales en una economía desequilibrada con una inflación que tiende a superar 45% este año".
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