La Cámara de Comercio Internacional con sede en París ordenó al gobierno de Venezuela pagar US$908 millones a la petrolera Exxon Mobil por la nacionalización de unos de sus proyectos en 2007. Sin embargo, la decisión del panel de arbitraje internacional (cuya decisión es vinculante) es visto como un triunfo para el país sudamericano, pues es menos de lo que la gigante petrolera pedía (US$10.000 millones), e incluso menor que los US$1.000 millones que el gobierno de Hugo Chávez había ofrecido en septiembre pasado. Expropiar y nacionalizar ha sido una de las características de los casi 13 años de gobierno del presidente de Venezuela Hugo Chávez.
El artículo 115 de la Constitución venezolana garantiza el derecho a la propiedad y señala que "sólo por casa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes". Sin embargo, críticos del gobierno aseguran que las autoridades no cumplen fielmente la letra del artículo. Y algunas leyes aprobadas en los últimos años han generado lo que algunos llaman "expropiaciones exprés", facilitando el proceso. Según algunas estimaciones, el gobierno destinó, entre 2007 y 2009, más fondos para pagar expropiaciones y nacionalizaciones que para la producción de la petrolera estatal Pdvsa (US$23.377 millones contra US$21.931 millones). Se trata también de más recursos que los que destinó Pdvsa a gasto social entre 2001 y 2009.
Además de la decisión de la Cámara de Comercio Internacional conocida el sábado sobre el litigio con Exxon Mobil, ConocoPhillips busca una indemnización de US$31.000 millones. Este último es el arbitraje más oneroso al que se enfrenta Venezuela.
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