21% del gasto de 2010 fue financiado por deuda

Los ingresos ordinarios crecieron mucho más de lo que había presupuestado el Gobierno para 2010, pero los gastos superaron con creces las cifras estimadas. Esta es una historia recurrente en la economía venezolana. Sin embargo, por más que las autoridades monetarias y financieras continuaran con su agresivo plan de endeudamiento, esta política de financiamiento solo cubrió la cuarta parte de los egresos ejecutados el año pasado.


Cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) sobre la gestión fiscal del Gobierno central revelan que 21% del gasto fue financiado con los recursos percibidos por la colocación de bonos de deuda principalmente en el mercado interno, los cuales registraron una suma de 40.007 millones de bolívares fuertes. Los datos oficiales reflejan que los gastos ordinarios realizados durante el año 2010 cerraron en 228.993 millones de bolívares fuertes, mientras que los ingresos ordinarios en Bs.F. 162.561 millones. La diferencia entre estas dos cifras indica que el Gobierno finalizó con una gestión deficitaria por 66.431 millones de bolívares fuertes, lo que se traduce en un déficit fiscal de 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta la fecha, se desconocen las cifras sobre ingresos y egresos del Gobierno para los dos primeros meses del año 2011. La Oficina Nacional del Tesoro (ONT) informaba mensualmente sobre la ejecución del presupuesto. Sin embargo, desde que se inició el año dejó de suministrar esta data. Analistas reiteran que las cifras oficiales sobre la situación fiscal del Gobierno están cargadas, cada vez más, de una gran opacidad y poca transparencia. La poca información sobre los fondos extrapresupuestarios que maneja el Ejecutivo es un ejemplo de ello. Lo que sí se puede afirmar es que los fondos se nutren con recursos extraordinarios provenientes del petróleo y en menor medida de la recaudación tributaria. Los consultados sostienen que en los últimos años el Gobierno ha preferido utilizar lo menos posible los fondos paralelos, y financiarse con endeudamiento público, a pesar del costo que pueda significar. Para el futuro se estarían comprometiendo los ingresos que se perciban, ya que gran parte del presupuesto se deberá destinar al pago de los intereses de deuda. Fuente: EMEN.

Venezuela negocia a última hora acuerdos comerciales

Las condiciones arancelarias para el comercio con Perú, Ecuador Colombia y Bolivia, los antiguos socios de Venezuela en la Comunidad Andina (CAN), pierden vigencia en pocos días y el Gobierno negocia con el tiempo en contra para acordar nuevos términos que las sustituyan. Las conversaciones con Colombia lucen como las más adelantadas. Mientras, con Ecuador ya se tiene un borrador de acuerdo económico y con Bolivia se discutió en la reunión entre mandatarios de ayer y con Perú se encuentra a nivel de Cancillería.

Para un Gobierno como el venezolano, que ha sextuplicado sus importaciones en la última década, según datos del Banco Central, acordar los términos con estos proveedores es clave para seguir trayendo cientos de productos con cero o bajos aranceles. Aunque es cierto que el comercio de Venezuela con la CAN ha caído a los niveles de 2006, los socios son importantes vendedores de textiles, alimentos y vehículos. La balanza fue deficitaria para el país por $1.811 millones el año pasado, según datos de la CAN.

Lo cierto es que el gobierno del presidente Chávez no se planificó a tiempo y de seguro pagará las consecuencias del desorden, afectando a los venezolanos que tendran que pagar mayores precios por los mismos artículos ya que los otros gobiernos se aprovecharan para exigir mejores condiciones en los acuerdos. Además, es un duro reves el no poder estar en la CAN y al mismo tiempo el no acceder al Mercosur.

Obstáculos de empresas del Estado a la contraloría social

En los próximos días, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir una acción por intereses colectivos y difusos, prevista en el artículo 26 de la Constitución. La idea es exigir que se respete el derecho de los consumidores y usuarios de ejercer actividades de contraloría en las agroindustrias nacionales en materia de abastecimiento y producción de alimentos. El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, afirmó que esta acción se introducirá como consecuencia de las limitaciones que tuvo esta asociación y grupos de consumidores en el recorrido que realizaron, hace una semana, por diferentes plantas de producción que han pasado a manos del Estado en Aragua, Lara, Portuguesa y Carabobo.

Parilli informó que de tres agroindustrias estatales visitadas (Aceites Diana, Enlandes y Pronutricos), solo hubo acceso a Aceites Diana. Aun así, los representantes de Anauco no pudieron realizar las actividades de contraloría bajo los mismos criterios que se aplicaron en las visitas a las empresas privadas, donde no hubo limitación al operativo. "Esta vez pudimos entrar a una, porque fuimos con gente y medios de comunicación. Pero nos tuvimos que quedar con la información que nos dieron verbalmente, porque no pudimos ver las líneas de producción", dijo. Agregó que no se pudieron corroborar las cifras de producción. "Se dice que se ha triplicado la producción de 2.000 toneladas a 6.000 toneladas, pero eso no se corresponde con la realidad", indicó Parilli. En las plantas privadas, en cambio, Anauco pudo realizar conteo de productos y ver las líneas de producción y distribución. "El TSJ puede corregir todas esas distorsiones que cualquier actividad represente para la Constitución nacional. En consecuencia, tiene plena facultad para ordenarle al Ejecutivo implementar políticas diferentes, como ocurrió con el tema de las tarjetas de crédito, cuando se le ordenó hacer una ley. La Sala Constitucional tiene todo el poder de decidir sobre este tema", explicó Parilli.

Parilli manifestó su preocupación ante los problemas que pudiera causarle a Venezuela la salida de Japón a los mercados internacionales en busca de alimentos para abastecer a sus 130 millones de habitantes. Esta situación, sumada a los efectos de la devaluación del bolívar, pudiera poner a Venezuela en desventaja por ser dependiente de las importaciones, sobre todo en alimentos. "Dependemos de que el petróleo suba y de que no pase nada en el resto del mundo. Vemos que 130 millones de personas van a voltearse a los mercados internacionales y pedir excedentes de producción, porque ya no pueden producir o porque lo que tienen en existencia está en cuarentena. Esto significa que esos excedentes que hay en otros países se irán a Japón por razones humanitarias. Y si sobran, vendrá para acá".