Obstáculos de empresas del Estado a la contraloría social

En los próximos días, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir una acción por intereses colectivos y difusos, prevista en el artículo 26 de la Constitución. La idea es exigir que se respete el derecho de los consumidores y usuarios de ejercer actividades de contraloría en las agroindustrias nacionales en materia de abastecimiento y producción de alimentos. El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, afirmó que esta acción se introducirá como consecuencia de las limitaciones que tuvo esta asociación y grupos de consumidores en el recorrido que realizaron, hace una semana, por diferentes plantas de producción que han pasado a manos del Estado en Aragua, Lara, Portuguesa y Carabobo.

Parilli informó que de tres agroindustrias estatales visitadas (Aceites Diana, Enlandes y Pronutricos), solo hubo acceso a Aceites Diana. Aun así, los representantes de Anauco no pudieron realizar las actividades de contraloría bajo los mismos criterios que se aplicaron en las visitas a las empresas privadas, donde no hubo limitación al operativo. "Esta vez pudimos entrar a una, porque fuimos con gente y medios de comunicación. Pero nos tuvimos que quedar con la información que nos dieron verbalmente, porque no pudimos ver las líneas de producción", dijo. Agregó que no se pudieron corroborar las cifras de producción. "Se dice que se ha triplicado la producción de 2.000 toneladas a 6.000 toneladas, pero eso no se corresponde con la realidad", indicó Parilli. En las plantas privadas, en cambio, Anauco pudo realizar conteo de productos y ver las líneas de producción y distribución. "El TSJ puede corregir todas esas distorsiones que cualquier actividad represente para la Constitución nacional. En consecuencia, tiene plena facultad para ordenarle al Ejecutivo implementar políticas diferentes, como ocurrió con el tema de las tarjetas de crédito, cuando se le ordenó hacer una ley. La Sala Constitucional tiene todo el poder de decidir sobre este tema", explicó Parilli.

Parilli manifestó su preocupación ante los problemas que pudiera causarle a Venezuela la salida de Japón a los mercados internacionales en busca de alimentos para abastecer a sus 130 millones de habitantes. Esta situación, sumada a los efectos de la devaluación del bolívar, pudiera poner a Venezuela en desventaja por ser dependiente de las importaciones, sobre todo en alimentos. "Dependemos de que el petróleo suba y de que no pase nada en el resto del mundo. Vemos que 130 millones de personas van a voltearse a los mercados internacionales y pedir excedentes de producción, porque ya no pueden producir o porque lo que tienen en existencia está en cuarentena. Esto significa que esos excedentes que hay en otros países se irán a Japón por razones humanitarias. Y si sobran, vendrá para acá".