Estímulos para la inversión en el sector turismo

La reforma de la Ley Orgánica de Turismo prevé la reducción de hasta 3% en la tasa de interés en los créditos turísticos para aquellos prestadores de servicios que participen en el programa de turismo social que adelanta el Estado venezolano. Así lo informó el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, a través de la cuenta en la red social Twitter @alefleming, a propósito de la reforma de la normativa legal publicada la semana pasada bajo el decreto número 9.044 de la Gaceta Oficial extraordinaria 6.079. El Plan de Turismo Social forma parte de las políticas que adelanta el Ministerio de Turismo para garantizar atención directa a las personas con limitantes económicas y posibilitarles el acceso a la recreación como un derecho constitucional.

 

El titular de la cartera de turismo explicó que la nueva ley establece que la contribución especial que realizan los prestadores de servicios turísticos permitirá promover, capacitar y mejorar la infraestructura turística pública. Al tiempo que fomentará el crédito para el transporte turístico. "La Ley de Turismo 2012 fortalecerá la participación del poder popular en el desarrollo del turismo; facilitará la creación de empresas turísticas comunales; otorgará mayor incentivo a los futuros emprendedores (pequeñas y medianas empresas turísticas); fomentará la creación de hoteles escuelas y se promoverá la sensibilización turística en las comunidades", escribió Fleming en su cuenta Twitter. De la misma forma, indicó que los estados deberán fomentar la creación de centros de información y servicios turísticos, mantener actualizado y en buen estado el sistema de señalización turística, así como proteger la integridad turística y sus bienes en coordinación con los organismos de seguridad de cada entidad.

 

A través de la nueva Ley Orgánica de Turismo, las corporaciones de turismo deberán impulsar planes, programas y proyectos dictados por el Mintur. "La Ley de Turismo 2012 prohíbe colocar barreras, cercas y obstáculos que impidan el libre acceso a las playas y zonas de uso público; fomenta la corresponsabilidad social con prestadores de servicios turísticos hacia las comunidades adyacentes a su entorno, mientras que pueblos y comunidades indígenas desarrollarán actividades turísticas dentro de su hábitat y tierras", fueron algunos de los beneficios que escribió el ministro Fleming. Fuente: AVN.

Reglas para nuevo modelo de relación de empresas

La propuesta es sencilla: empresa privada que decida asociarse con el Estado y entregar como mínimo 40% de su capital accionario, podrá acceder a créditos y fondos especiales, tendrá tasas preferenciales para el pago de créditos, no deberá cumplir requisitos exigidos a los contratistas públicos, pasar por alto trámites administrativos y hasta será exonerada del pago de impuestos.
Así lo establece la nueva Ley que Promueve y Regula Nuevas Formas Asociativas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada para el Desarrollo de la Economía Nacional. El texto, cuyo espíritu ya está recogido en el Plan Simón Bolívar 2007-2013, establece tres formas básicas de asociación: alianzas estratégicas, empresas conjuntas y conglomerados. En el primer caso, se trata de una sociedad donde las partes involucradas conservan su identidad y solo comparten procesos productivos; mientras que en el conglomerado las partes se unen con fines similares, pero bajo la égida de una empresa del Estado o conjunta que de la cara por el grupo (Gaceta Oficial 39.945).

La tipología que mayores resquemores seguramente despertará entre el sector privado es la empresa conjunta, figura según la cual se conforma una compañía mixta donde el Estado pasa a controlar mínimo 40% del capital accionario, pudiendo además vetar cualquier decisión, aun cuando este sea el porcentaje que detente en la nueva empresa. Las nuevas formas asociativas propuesta en la ley buscan "sembrar injertos de transformación del metabolismo del capital", por lo que el Estado se encargará de promover la "propiedad privada no monopólica, social, directa, indirecta o combinaciones que den origen a formas de propiedad mixta".

Por otra parte, se establece que la producción ya no estará enmarcada en la lógica del mercado, sino "dentro del contexto estratégico de los planes de desarrollo de la nación", por lo que establece que la producción estará dirigida a satisfacer necesidades esenciales en alimentación, salud, vivienda, vestido, educación, cultura, ciencia y tecnología. Asimismo, para reforzar el cambio de las relaciones de producción, la ley establece que "en el marco de la transición al socialismo, las nuevas formas asociativas deben contemplar la participación de los trabajadores en los procesos de dirección de las fábricas, a través de los consejos de trabajadores, el punto y el círculo y relación con las comunidades y/o comunas del entorno".

Programa económico de Capriles Radonski

La tesis del programa de gobierno de Capriles Radonski parte por considerar que desde mediados de los años 70 el modelo rentista petrolero ha venido colapsando y ese colapso se expresa en una caída del ingreso por habitante, y en términos más simples, en el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Aunado a ello, una persistente inflación se ha incrustado en la economía, haciendo languidecer los salarios reales y restándole competitividad. La economía se ha hecho peligrosamente más dependiente de los precios del petróleo. Todos esos males heredados se han profundizando durante la gestión de Hugo Chávez, quien prisionero de una ideología fracasada, ha desperdiciado una oportunidad única de haber disfrutado del auge más intenso y sostenido de los precios petroleros en la historia de Venezuela. Entre 1999 y 2011 el ingreso real por habitante de los venezolanos apenas aumentó a un ritmo cercano a 1,2% anual, muy por debajo de los países de América Latina que no han percibido una décima parte de los ingresos de Venezuela. En lo relativo a la tasa de inflación, detenta el gobierno de Chávez un récord latinoamericano con una inflación anual promedio superior a 25%. Pero no solo eso, durante su gestión se ha acentuado el carácter mono exportador y casi mono productor de la economía, conjuntamente con un crecimiento explosivo del endeudamiento público consolidado que de US$ 27.000 millones (28% del PIB) en 1998, ha saltado en 2012 a un estimado de US$ 180.000 millones (52% del PIB).

 

El programa de gobierno de Capriles Radonski plantea revertir esta situación y ubicar a la economía nacional en una senda de crecimiento sostenido y con equidad. Para ello, el Estado debe enfocarse en la provisión de bienes públicos de calidad, fortalecer su alianza con el sector privado y procurar un manejo eficiente y transparente de la hacienda pública. A partir de aquí se diseña una política petrolera encaminada a favorecer el óptimo aprovechamiento de nuestra riqueza petrolera, elevar la capacidad productiva de la industria y promover la inversión pública y privada, nacional e internacional; abriendo oportunidades para la participación de los venezolanos y sus ahorros en nuestra principal industria. En lo relativo a la política fiscal, la orientación consiste en administrar los recursos públicos de manera sostenible, eficiente, contra cíclica y transparente con el objeto de favorecer un modelo de desarrollo incluyente y creador de riqueza. Ello se traduce en lograr una gestión fiscal sostenible, mejorar la idoneidad y la eficiencia del gasto, transitar de la prociclicidad a la contraciclicidad del gasto, hacer transparente las cuentas públicas y en armonizar la política fiscal con el resto de las políticas macroeconómicas. Pero la política fiscal siempre debe guardar correspondencia con las políticas monetaria y cambiaria. Así, el objetivo estratégico de la política monetaria y cambiaria es contribuir a bajar gradual y sostenidamente la tasa de inflación y apoyar el aumento de la producción nacional. Se propone Capriles Radonski bajar a un dígito la tasa de inflación en un lapso de seis años. Y tiene que ser progresiva la reducción de la inflación para evitar un ajuste recesivo que contraiga la demanda agregada y disminuya el ingreso real. La política monetaria se basará en un programa monetario articulado con el plan fiscal, en el respeto a la autonomía del Banco Central de Venezuela y en minimizar el financiamiento monetario del déficit del gobierno.

 

Por su parte, la política cambiaria se orienta claramente a la unificación del tipo de cambio, igualmente de forma paulatina, para evitar la acumulación de distorsiones y cortar en seco la gigantesca corrupción en la asignación discrecional de divisas a las tasas preferenciales. El tipo de cambio procurará mantener la competitividad de la economía y evitar así la aberración que significa el uso del tipo de cambio como instrumento de destrucción de los sectores agrícola e industrial. A diferencia de Chávez, plantea Capriles Radonski una política industrial dirigida a promover la diversificación de la economía y el fortalecimiento de la capacidad exportadora. Esto implica impulsar las industrias generadoras de valor agregado y volcadas a la exportación, incentivar la inversión directa, nacional o extranjera en los mercados de bienes y servicios, y en los sectores con ventajas reveladas, apoyar los procesos de innovación tecnológica de la industrialización de bienes y servicios y establecer procesos transparentes de consulta con los sectores productivos. Fuente: EMEN.