La propuesta es sencilla: empresa privada que decida asociarse
con el Estado y entregar como mínimo 40% de su capital accionario, podrá acceder
a créditos y fondos especiales, tendrá tasas preferenciales para el pago de
créditos, no deberá cumplir requisitos exigidos a los contratistas públicos,
pasar por alto trámites administrativos y hasta será exonerada del pago de
impuestos.
Así lo establece la nueva Ley que Promueve y Regula Nuevas Formas
Asociativas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada para el
Desarrollo de la Economía Nacional. El texto, cuyo espíritu ya está recogido en el Plan Simón Bolívar 2007-2013,
establece tres formas básicas de asociación: alianzas estratégicas, empresas
conjuntas y conglomerados. En el primer caso, se trata de una sociedad donde las
partes involucradas conservan su identidad y solo comparten procesos
productivos; mientras que en el conglomerado las partes se unen con fines
similares, pero bajo la égida de una empresa del Estado o conjunta que de la
cara por el grupo (Gaceta Oficial 39.945).
La tipología que mayores
resquemores seguramente despertará entre el sector privado es la empresa
conjunta, figura según la cual se conforma una compañía mixta donde el Estado
pasa a controlar mínimo 40% del capital accionario, pudiendo además vetar
cualquier decisión, aun cuando este sea el porcentaje que detente en la nueva
empresa. Las nuevas formas asociativas propuesta en la
ley buscan "sembrar injertos de transformación del metabolismo del capital", por
lo que el Estado se encargará de promover la "propiedad privada no monopólica,
social, directa, indirecta o combinaciones que den origen a formas de propiedad
mixta".
Por otra parte, se establece que la producción ya no estará
enmarcada en la lógica del mercado, sino "dentro del contexto estratégico de los
planes de desarrollo de la nación", por lo que establece que la producción
estará dirigida a satisfacer necesidades esenciales en alimentación, salud,
vivienda, vestido, educación, cultura, ciencia y tecnología. Asimismo, para
reforzar el cambio de las relaciones de producción, la ley establece que "en el
marco de la transición al socialismo, las nuevas formas asociativas deben
contemplar la participación de los trabajadores en los procesos de dirección de
las fábricas, a través de los consejos de trabajadores, el punto y el círculo y
relación con las comunidades y/o comunas del entorno".
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