La tesis del programa de gobierno de Capriles Radonski parte
por considerar que desde mediados de los años 70 el modelo rentista petrolero ha
venido colapsando y ese colapso se expresa en una caída del ingreso por
habitante, y en términos más simples, en el deterioro de la calidad de vida de
los venezolanos. Aunado a ello, una persistente inflación se ha incrustado
en la economía, haciendo languidecer los salarios reales y restándole
competitividad. La economía se ha hecho peligrosamente más dependiente de los
precios del petróleo. Todos esos males heredados se han profundizando durante la
gestión de Hugo Chávez, quien prisionero de una ideología fracasada, ha
desperdiciado una oportunidad única de haber disfrutado del auge más intenso y
sostenido de los precios petroleros en la historia de Venezuela. Entre 1999 y
2011 el ingreso real por habitante de los venezolanos apenas aumentó a un ritmo
cercano a 1,2% anual, muy por debajo de los países de América Latina que no han
percibido una décima parte de los ingresos de Venezuela. En lo relativo a la
tasa de inflación, detenta el gobierno de Chávez un récord latinoamericano con
una inflación anual promedio superior a 25%. Pero no solo eso, durante su
gestión se ha acentuado el carácter mono exportador y casi mono productor de la
economía, conjuntamente con un crecimiento explosivo del endeudamiento público
consolidado que de US$ 27.000 millones (28% del PIB) en 1998, ha saltado en 2012
a un estimado de US$ 180.000 millones (52% del PIB).
El programa de gobierno de Capriles
Radonski plantea revertir esta situación y ubicar a la economía nacional en una
senda de crecimiento sostenido y con equidad. Para ello, el Estado debe
enfocarse en la provisión de bienes públicos de calidad, fortalecer su alianza
con el sector privado y procurar un manejo eficiente y transparente de la
hacienda pública. A partir de aquí se diseña una política petrolera encaminada a
favorecer el óptimo aprovechamiento de nuestra riqueza petrolera, elevar la
capacidad productiva de la industria y promover la inversión pública y privada,
nacional e internacional; abriendo oportunidades para la participación de los
venezolanos y sus ahorros en nuestra principal industria. En lo relativo a
la política fiscal, la orientación consiste en administrar los recursos públicos
de manera sostenible, eficiente, contra cíclica y transparente con el objeto de
favorecer un modelo de desarrollo incluyente y creador de riqueza. Ello se
traduce en lograr una gestión fiscal sostenible, mejorar la idoneidad y la
eficiencia del gasto, transitar de la prociclicidad a la contraciclicidad del
gasto, hacer transparente las cuentas públicas y en armonizar la política fiscal
con el resto de las políticas macroeconómicas. Pero la política fiscal
siempre debe guardar correspondencia con las políticas monetaria y cambiaria.
Así, el objetivo estratégico de la política monetaria y cambiaria es contribuir
a bajar gradual y sostenidamente la tasa de inflación y apoyar el aumento de la
producción nacional. Se propone Capriles Radonski bajar a un dígito la tasa de
inflación en un lapso de seis años. Y tiene que ser progresiva la reducción de
la inflación para evitar un ajuste recesivo que contraiga la demanda agregada y
disminuya el ingreso real. La política monetaria se basará en un programa
monetario articulado con el plan fiscal, en el respeto a la autonomía del Banco
Central de Venezuela y en minimizar el financiamiento monetario del déficit del
gobierno.
Por su parte, la política cambiaria se orienta claramente a la
unificación del tipo de cambio, igualmente de forma paulatina, para evitar la
acumulación de distorsiones y cortar en seco la gigantesca corrupción en la
asignación discrecional de divisas a las tasas preferenciales. El tipo de cambio
procurará mantener la competitividad de la economía y evitar así la aberración
que significa el uso del tipo de cambio como instrumento de destrucción de los
sectores agrícola e industrial. A diferencia de Chávez, plantea Capriles
Radonski una política industrial dirigida a promover la diversificación de la
economía y el fortalecimiento de la capacidad exportadora. Esto implica impulsar
las industrias generadoras de valor agregado y volcadas a la exportación,
incentivar la inversión directa, nacional o extranjera en los mercados de bienes
y servicios, y en los sectores con ventajas reveladas, apoyar los procesos de
innovación tecnológica de la industrialización de bienes y servicios y
establecer procesos transparentes de consulta con los sectores productivos.
Fuente: EMEN.
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