Análisis de The Economist sobre Venezuela (I)

Dueños de bienes inmuebles, grandes o pequeños, duermen intranquilos en Venezuela por estos días. Hugo Chávez, el presidente izquierdista del país, ha emprendido una arremetida de nacionalización, al confiscar todo lo que se le atreviese, desde empresas en la industria siderúrgica pasando por embotelladoras hasta inmobiliarias. Cuando los trabajadores protestan, les lanza la Guardia Nacional. El gobierno ha justificado las confiscaciones con el argumento de que estaba rompiendo con monopolios o poniendo punto final al incumplimiento de reglas laborales o ambientales. Pero el objetivo pareciera enrumbarse contundentemente contra lo que Chávez denomina "la oligarquía" antes de que el nuevo parlamento, que tiene una marcada minoría de oposición, entre en sesiones en enero.

El 25 de octubre, la subsidiaria venezolana de la Owens-Illinois, fabricante estadounidense de envases de vidrio, pasó a ser la 200ª empresa nacionalizada en lo que va de año. Como es costumbre, los gerentes y trabajadores conocieron su destino durante una alocución televisada en vivo del presidente. Acusó a la empresa de explotar a sus trabajadores y causar grandes daños a los bosques. Pero el decreto de expropiación, publicado al día siguiente, no hizo mención de estos supuestos delitos, y en su lugar acusó a la empresa de aprovecharse de su posición dominante en el mercado.

Según los cálculos del mismo gobierno, se han confiscado unas 3.000 hectáreas de tierras y se propone confiscar otras 450.000 hectáreas el año entrante. Aunque la Constitución de 1999 garantiza los derechos de propiedad, los cambios sucesivos a la Ley de Tierras le han dado la potestad de apoderarse de la finca que le plazca, en muchos casos con poca o ninguna compensación. No han salido mejor parados la industria y el comercio. Según la organización empresarial Fedecámaras, desde que Chávez asumió la presidencia en 1999, casi 400 empresas han sido nacionalizadas, la vasta mayoría en los dos últimos años. La Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham) informa que se pagó compensación a los dueños de apenas nueve de 44 compañías integrantes de la Cámara que fueron tomadas este año. La Constitución establece que no puede haber expropiación sin el veredicto final de los tribunales y sin una compensación justa. En la práctica, un plumazo del presidente es todo lo que hace falta.