Análisis de The Economist sobre Venezuela (II)

En el transcurso de los años, ha cambiado la motivación oficial para la nacionalización. Las primeras adquisiciones forzosas se justificaron sobre la base de que la empresa (o finca) era improductiva. Luego el gobierno decidió que las áreas "estratégicas" de la economía debían pasar a manos del Estado. Así, en 2007 y 2008, asumió el control de empresas petroleras y eléctricas del sector privado, así como de compañías de telecomunicaciones, la industria del cemento y Sidor, la siderúrgica que fuera privatizada en la década de 1990.
Además, ahora el gobierno controla la cuarta parte del sistema bancario. Chávez señaló recientemente que cualquier banco que declinara "cooperar con el desarrollo nacional" al asignar créditos conforme a las prioridades gubernamentales también sería expropiado. Hoy día, los funcionarios declaran abiertamente que su objetivo consiste en implantar una economía socialista.

Paradójicamente, pese a las adquisiciones forzosas, la participación estatal en el PIB sigue estando alrededor del 30%, igual que en 1998. Esto se debe en parte a que el sector privado se expandió rápidamente durante el boom petrolero de 2004 a 2008. Pero también es porque muchas compañías nacionalizadas ahora producen menos de lo que producían cuando estaban en manos privadas. Gran parte de la industria alimentaria ha sido confiscada a fin de "garantizar la soberanía alimentaria". Pero el resultado ha sido un abrupto incremento en las importaciones. A principios de año, más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos importados por Pdval, un brazo de la compañía petrolera estatal, se hallaron en puertos y terrenos baldíos.