En 49,6% se incrementarán los costos laborales de las empresas venezolanas a partir del 1° de mayo y en 61% a partir de septiembre próximo, lo que en opinión de dirigentes del sector productivo privado, analistas y líderes sindicales podría poner en riesgo miles de puestos de trabajo, en especial en las micro y pequeñas empresas. Aurelio Concheso, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Fedecámaras, aclaró que el monto se desprende del alza de 15% del salario mínimo que comenzará a regir desde el próximo domingo, a lo que se suma el costo de extender el beneficio de la Ley de Alimentación.
"Es un alto costo laboral que impactará de manera negativa en los gastos operativos de las empresas", dijo Concheso, quien estima que ello repercutirá en un incremento de precio de los bienes y servicios ofrecidos por micros y pequeños negocios, que constituyen la mayoría del sector privado", acotó. En efecto, según datos de Conindustria, en el país operan aproximadamente 400.000 empresas, 85% de las cuales están calificadas de micro y pequeñas; es decir, que ocupan entre uno y 20 empleados. Ello significa que este sector agrupa a cerca de 3,8 millones de puestos de trabajo, aproximadamente 40% de la población ocupada en el sector privado.
En este mismo orden, el presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal, señaló que las medianas y grandes empresas no tienen problemas para cumplir con el decreto, pues la mayoría de su personal está por encima del salario mínimo; sin embargo, advirtió las dificultades que tendrán las micro y pequeñas empresas que ya se encuentran en una situación "precaria" por las muchas trabas para operar. De igual forma, destacó la inconveniencia de obligar a los patronos a pagar el bono alimenticio aun durante las vacaciones o períodos de reposo, toda vez que ello será inviable para las empresas más pequeñas. Los comercios que ofrecen productos sin regulación podrán ajustar sus estructuras de costos sin mayores problemas. Servicios como hotelería, restaurantes, zapaterías y tiendas de ropa, por mencionar algunos. Una situación distinta enfrentarán aquellos negocios que ofertan bienes con precios controlados, como farmacias, abastos, supermercados y estacionamientos, que no podrán trasladar el incrementos del costo laboral a sus estructuras.
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