Cifras suministradas por el Ministerio de Planificación y Finanzas indican que el Gobierno ha colocado 93.436 millones de bolívares en bonos de deuda pública interna entre enero y noviembre de este año, de los cuales Bs. 28.665 millones se destinaron para cancelar pensiones y prestaciones sociales a trabajadores y docentes de la administración central. Falta poco para que el Gobierno consuma la totalidad del
endeudamiento previsto para este año, la cual alcanza los 98.000 millones de
bolívares. Estos recursos, que son utilizados tradicionalmente por el Fisco como
mecanismo de financiamiento para la ejecución de diversos proyectos de
infraestructura, hoy en día se destinan más para el pago de compromisos
laborales. El pago de
estos compromisos laborales se inició a partir de octubre de este año, cuando el
Ejecutivo acordó cancelar los pasivos por prestaciones con el denominado
Petrorinoco.
El Ejecutivo ha hecho uso de los títulos de deuda para
recoger recursos en el mercado interno que le permitan cancelar sus compromisos
de nómina y de operatividad, además de financiar obras. Así como este año se
ha utilizado este mecanismo para cancelar pasivos laborales, en otros períodos
se ha utilizado para algunas contingencias, como en el año 2011 cuando se empleó
para atender emergencias generadas por las fuertes lluvias. En los últimos
cuatro meses, la emisión de estos títulos ha servido para que el Fisco pueda
conseguir recursos para refinanciar deuda y para alimentar el Fondo de Pensiones
y Prestaciones Sociales. Analistas señalan que el dinero para cancelar la
deuda por prestaciones debió contemplarse en el Presupuesto de la Nación de este
año. En las cifras del despacho de las
finanzas públicas se destaca que para el refinanciamiento de la deuda se
emitieron bonos por Bs. 4.059 millones entre agosto y noviembre de 2012. Sin
embargo, en todo el año el monto alcanza los Bs. 16.691 millones. En lo que
respecta a los recursos obtenidos a través del endeudamiento para financiar
proyectos, el monto suma apenas Bs. 1.260 millones.
Analistas consultados
señalan que en la nueva arquitectura financiera del Estado se han modificado
algunas políticas fiscales en aras de lograr mayores recursos y de manera
inmediata. La creación de distintos fondos como el Fondespa, el Fonden, el Fondo
Miranda y el Fondo Conjunto Chino-Venezuela, además de otros fondos binacionales
(Irán, Rusia, Bielorrusia), están siendo utilizados para financiar los planes de
infraestructura. Explican que al contrario de la Ley Especial de
Endeudamiento, estos fondos alimentados en gran medida con recursos
extraordinarios y reservas internacionales, escapan de la fiscalización y
auditoría de la Asamblea Nacional. Esta
política de endeudamiento ha incrementado de manera significativa el
stock de deuda, sin embargo, para algunos analistas, este no es el
problema de Venezuela, sino el acelerado ritmo de crecimiento en los últimos dos
años y particularmente en el 2011, lo que puede comprometer su sostenibilidad
fiscal. Explican que la imposibilidad de hacer frente a los pagos de deuda y
los desequilibrios en el sector externo, especialmente en la balanza de pagos,
podrían generar inconvenientes en el futuro. Señalan que una balanza deficitaria
donde se registre un auge de importaciones y una caída del sector
exportador, traerá un consiguiente colapso de las finanzas.
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