El otro lado del anuncio del Petrobono

La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y el mencionado regreso de la retroactividad en las prestaciones implica un retroceso en condiciones desfavorables. Así lo afirma el abogado Héctor Valecillos, quien señala que la situación económica actual ha cambiado en contra de los intereses del sector laboral. Valecillos argumenta que se ha contraído la generación de trabajo, especialmente en el sector privado, redireccionando el grueso de los empleos en el sector informal, es decir, los que carecen de seguridad social. Asimismo, dice que la dependencia al ingreso petrolero ha producido fragilidad en la economía. En estas condiciones, "volver al régimen de prestaciones con base en el cálculo retroactivo es un retorno con consecuencias sumamente impredecibles, pero con toda seguridad negativas", agrega.

En los 13 años del actual gobierno no se han dado cifras oficiales con respecto al monto de deuda en pasivos laborales. "Cuando se hizo el único cálculo preciso, en 1998, la deuda se situaba en 14,5 mil millones de dólares", asegura Valecillos. Las estimaciones del abogado señalan que la cifra actual podría ser cercana a 35 mil millones de dólares. El anuncio del Ejecutivo sobre el pago de los pasivos a través de papeles de la industria petrolera o "petrobonos", compromete finalmente al Gobierno a pagarle a su propia masa laboral. Para el especialista, este hecho complicaría la situación financiera de Pdvsa "que ya está seriamente comprometida".

"Si realmente eso se acuerda, el pago de los pasivos debería hacerse de forma gradual. De modo que los títulos de valores de esos bonos no le provoquen un contratiempo financiero adicional al Estado", explica. Esto elevaría el ingreso percibido por los trabajadores a corto plazo. No obstante, "no en la suma equivalente a los pasivos laborales que paguen, porque los trabajadores, con seguridad el grueso de ellos, vendería los bonos con descuentos y perdería entre 30% y 40% del valor total", vaticina el profesional. Por otro lado, Valecillos cree que el impacto negativo de la reforma de Ley también se traslada al tema de la generación de empleos. En la medida en que el Gobierno conduce a la elevación de costo de contratación de la mano de obra, la reacción de los empleados privados y el sector público daría lugar a una desaceleración de su demanda.