Más de las tres cuartas partes de la última emisión de bonos de
deuda de la República, fueron utilizadas para cancelar intereses y capital de la
deuda pública. El Gobierno ofertó el pasado mes
de octubre 3.000 millones de dólares del Bono Soberano Internacional 2026, de
los cuales obtuvo alrededor de 12.900 millones de bolívares fuertes al cambio de
la tasa oficial de 4,30 bolívares fuertes por dólar. Según cifras del
Ministerio de Planificación y Finanzas de ese monto, Bs.F. 10.000 millones se
destinaron al servicio de la deuda pública interna; es decir, lo correspondiente
a pagos de intereses y parte de capital. Esta cifra equivale a 78% del total de
la emisión ($2.325 millones).
El despacho de las finanzas públicas informó,
durante la convocatoria de esta última emisión de la República, que la Ley de
Endeudamiento Complementaria de 2011 por Bs.F. 45.000 millones contempla la
emisión de bonos de la Deuda Pública Nacional (DPN) tanto internos como
externos, para el financiamiento de la Gran Misión Agro-Venezuela y Trabajo, por
lo que de esta colocación se esperaba la transferencia de recursos para estos
dos planes. No obstante, aún la Misión Saber y Trabajo podría recibir
recursos de esta Ley de Endeudamiento en lo que queda de 2011, pero a través de
colocación de deuda pública interna o en bolívares.
El uso de la deuda pública se ha incrementado en los últimos
años, al tiempo que el costo de esas acreencias ha hecho más oneroso el
endeudamiento. Eso se evidencia en los pagos que debe ejecutar el Gobierno
cada año para cumplir con este tipo de compromisos. De las emisiones de
bonos colocadas este año, Bs.F. 26.629 millones se han utilizado para el
servicio de la deuda, lo que equivale a 30,22% del total. Mientras que unos
Bs.F. 15.787 millones se destinaron al refinanciamiento de la deuda, es decir,
17,9%. Pero la política de recoger dinero a través del endeudamiento,
contribuye al pago de otros compromisos, como los gastos administrativos del
Gobierno. Para ello, un monto de Bs.F. 19.700 millones se han transferido a la
administración central para ejecutar su gestión fiscal. Esta cifra representa
23% del total.
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