Para el empresariado venezolano representado en Fedecámaras, el
accidente que sufrió el pasado jueves el ferrocarril de Valles del Tuy es un
"alerta" más de que "el Estado no puede cumplirle solo, sin la participación del
sector privado, a las expectativas del pueblo de Venezuela", analizó el
presidente de la comisión de Desarrollo Urbano del ente gremial, Fernando
Castro, al salir de una reunión del directorio. El empresario puso a la
disposición del Gobierno un banco de proyectos de transporte público y vialidad
que ya existen para la Gran Caracas y Vargas, valorados en 10.000 millones de
dólares, en los que están dispuestos a participar desde ya y en un plazo de diez
años, luego de reiterar que el artículo 299 de la Constitución nacional
establece que el modelo socieconómico es responsabilidad conjunta del Estado y
el sector privado.
En líneas generales, la propuesta de Fedecámaras consiste
en llevar a cabo esos proyectos de vialidad y transporte en 17 municipios que
integran la Gran Caracas y Vargas, a través de una adecuación del Plan Caracas
2020, con el objetivo de que la mayoría de su población se pueda movilizar en
transporte público. Los 10.000 millones de dólares de inversión no
provendrían de nuevas partidas de fondos públicos, sino del financiamiento de
organismos multilaterales en una primera etapa de tres años en la que deberían
invertirse no menos de $3.500 millones. Luego, en una segunda fase, los recursos
se obtendrían de fondos que se creen a partir de una sinceración gradual de los
precios de la gasolina y que, a su vez, le permitirían al Estado repagar los
créditos internacionales asumidos, según explicó Castro. No
es justo que se mantenga el falso dilema de regalar un bien que es costoso
internacionalmente, en vez de utilizarlo como palanca de transformación", dijo
quien también preside Fedecámaras Miranda. Castro cree que "el sistema de transporte venezolano debe cambiar de paradigma, porque la fortuna de ser petroleros no nos da derecho a derrochar ese recurso". Considera que el Estado debe entender que es mucho lo que el sector privado puede hacer con reglas claras, y crear espacios para un nuevo sistema de concesiones.
El Gobierno primero debe garantizar la
seguridad jurídica y establecer reglas de juego claras. Castro también cree que
el Estado debe devolverle a las Gobernaciones regionales sus facultades, para
retomar la descentralización de los servicios públicos. "Pusimos este plan
de inversiones para la Gran Caracas a la orden del Gobierno, pero nunca hemos
sido llamados para hacer la presentación. Tampoco le hemos hecho mayor
publicidad, porque siempre hemos confiado en que se impondrá el diálogo social;
pero no descartamos mostrarlo en el programa Progreso y Bienestar, en el que
planteamos la posibilidad de crear a corto plazo un millón de empleos en las
áreas de vivienda, hábitat y servicios públicos", dijo. Poner en marcha este
plan le permitiría al Ejecutivo, según el representante empresarial, convertir a
la Gran Caracas en una ciudad ambientalmente más sana; ser más coherentes con el
discurso contra el calentamiento global, tener un sistema de transporte más
eficiente y cambiar el paradigma de "sufrir la ciudad a disfrutar la ciudad".
"Hay que
debatir la planificación de los 17 municipios de la Gran Caracas, incluyendo
Vargas; rescatar su vocación de puerta de América del Sur y cambiar la forma de
desarrollar las ciudades de satélites a otras de usos mixtos y generadoras de
empleos", dijo.
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