La estrategia financiera realizada por el Gobierno para que los
bancos participaran de alguna manera en la Misión Vivienda no concluyó con el
fideicomiso que se constituyó en el Bandes. Sino que ahora se conformará otro.
Así indicaron fuentes cercanas al sector bancario. Esta segunda parte se
realizará, aseguraron los consultados, con "las disponibilidades" que tenga la
banca en la cartera hipotecaria, después de cumplir con el porcentaje
obligatorio. En efecto, esto va en concordancia con lo indicado por el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Juan Carlos
Escotet: "Lo que no se fuese a colocar en los compromisos que la banca tiene en
cuanto a cumplimiento de la gaveta, se van a transferir al Banavih para la
Misión Vivienda".
De esta manera, el Ejecutivo nacional continuaría
empujando al sistema bancario a aumentar el financiamiento de los proyectos
habitacionales que se están realizando en el marco de esta misión. A través de
estas operaciones se aumentan los recursos para atender el déficit hipotecario
que aumentó con la contingencia de las lluvias de noviembre del año pasado.
En julio, cuando se oficializó en Gaceta
Oficial la decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de disminuir tres
puntos el encaje legal (de 17% a 14%) las entidades debieron invertir ese dinero
de los depósitos del público en unos "certificados" que emitió el Bandes, bajo
el marco de la Misión Vivienda. Los fondos se depositaron en el Bandes,
administrados bajo la figura de un fideicomiso, en donde la petrolera estatal
colocó recursos adicionales. El monto total de la convocatoria, que se lanzó
el primero de julio de este año, fue de Bs.F. 8.900 millones, que correspondía a
la cantidad disponible de las entidades por los tres puntos liberados. Los
papeles, que se ofrecieron a un vencimiento de tres años, le dejan a los bancos
que los adquirieron un interés de 3,75% anual.
En el prospecto se incluyó
una lista de los que debían comprar y se excluyó a otros que no podían
participar por no reflejar la cuenta del encaje legal en el BCV con el monto
reglamentario. De hecho, de las entidades públicas solo participó el Banco de
Venezuela, y el Banco del Pueblo. Aunque El Venezolano de Crédito, de
capital privado y presidido por Oscar García Mendoza, estaba en esa lista, el
banquero decidió no adquirir los papeles. Y por no participar en la
operación diseñada por el Ejecutivo para la Misión Vivienda tuvo que aumentar el
encaje seis puntos. Esto, luego que el ente emisor dispusiera que las entidades
que no participaran en la oferta tenían que aumentar a 23% su encaje. Dos
meses y medio después, García Mendoza introdujo en el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) un recurso de nulidad sobre esta medida, alegando que se utilizó
una herramienta de política monetaria para otros fines. "El encaje legal es
un instrumento de política monetaria para proteger el sistema financiero y para
prever que alguna de las instituciones sufra problemas", se indica en el
documento. "No puede servir para resolver una coyuntura política en materia
de vivienda, que le corresponde a otros organismos del Estado y no al BCV", se
agrega. En efecto, cuando salió la emisión de
los certificados, algunos analistas recordaron que para un banco siempre es
preferible que la misma entidad administre sus depósitos, pues estos representan
el pasivo de la institución. Pero el fideicomiso es administrado por Bandes, que
decide a qué proyecto se le financia y por cuánto.
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