"Quiero usar los ahorros hipotecarios que acumulé durante estos
tres años", le dijo Carmen a los funcionarios que atienden en la planta baja del
Banavih, organismo que desde 2008 administra el aporte mensual obligatorio de
los trabajadores para vivienda. Y, bajo el tono de una respuesta a la que ha
tenido que recurrir consecutivamente, el empleado público dijo: "Eso no se está
haciendo". "Estamos esperando los mecanismos desde hace tres años", agregó
ante el rostro confundido de quien esperaba contar con su dinero. Carmen, por
ahora, no podrá utilizar sus fondos ni para remodelar ni para comprar una
vivienda; así se lo dijeron los funcionarios de atención al cliente del Banavih. "Tiene que seguir viniendo" fue la recomendación que le dieron tras
preguntar cuándo cambiará la situación. Mientras, los ahorros hipotecarios de
Carmen, y de todos los venezolanos que tienen sus fondos desde 2008 en este
organismo, seguirán presos en el ente.
A finales
del año pasado, la línea que dirigió el presidente del Banavih, Mario Isea, a
los bancos del país fue clara: agilizar la salida de los recursos de ahorro
hipotecario, sobre todo para remodelación, pues estos eran los que presentaban
más obstáculos cuando el trabajador los requería. La banca se encaminó a
acatar esa directriz. De hecho, a Carmen ya le están gestionando los ahorros
acumulados antes de 2008, cuando se administraban en el resto de los bancos
nacionales. Cuando acudió a las otras dos instituciones financieras donde cotizó
en esos años anteriores, le informaron que esos ahorros se le transferirían a su
cuenta, ya que son para remodelar. Sin embargo, con los que tiene en el
Banavih todavía no tiene la misma suerte, seguirán represados en el organismo, y
sin fecha prevista de solución. Cuando
entraron en vigencia los cambios en la Ley de Vivienda y Hábitat, en julio de
2008, se estableció que tanto los aportes del trabajador, como también los
hechos por la empresa o patrono- para vivienda, ya no serían administrados por
un banco, sino por el Banavih, donde están actualmente. De hecho, con esos
recursos se crearon dos fondos: el primero, con el aporte voluntario de las
personas que no tienen una relación de dependencia laboral con alguna empresa u
organismo; y otro, compuesto por las contribuciones obligatorias de quienes son
empleados de una compañía o ministerio.
En este último caso, la empresa
deposita en el fondo 2% del sueldo integral de cada trabajador. Y cada persona
destina 1% de su salario total. Con los que no trabajan en una compañía se
establece un porcentaje de acuerdo con el ingreso. La normativa es clara en
cuanto a que estos ahorros son para destinarse al financiamiento, compra,
construcción, sustitución, restitución, reparación o remodelación de una
vivienda principal. Y hasta para el refinanciamiento o pago de hipoteca.
Pero tal dictamen legal no se ha comenzado a ejecutar en este ente, desde
que asumió esa función, según la información recogida entre los funcionarios que
se desempeñan en la atención al usuario del organismo de la vivienda. No
solo eso, sino que además indican que las transferencias a hijos u otros
familiares están "suspendidas", incluso, hablan de "eliminadas". Esto pese a
que en la ley vigente continúa firme la opción de "transferencia total" o de una
parte de estos ahorros a familiares, ya sea por decisión propia o por muerte del
acreedor. Así no se incentiva la compra de viviendas, por lo que el deficit se hará cada vez más grande.
